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Informe ante
la 60ª Asamblea General
Antigua, Guatemala
Octubre, 2004
CUBA
El gobierno ha anulado por 45
años la libertad de prensa y permanece ajeno
a los reclamos internacionales por la liberación
de los periodistas presos y el respeto a la dignidad
ciudadana en la isla.
No ha habido un solo indicio de
sensibilidad y corrección por parte del régimen
cubano frente a los numerosos llamamientos de jefes
de Estado y gobierno, personalidades mundiales, organizaciones
humanitarias y religiosas, y entidades profesionales
sobre los 32 periodistas condenados a penas entre
27 y 3 años de prisión, y el resto de
los encarcelados en marzo de 2003.
El pasado 26 de abril, dos periodistas
que permanecían en arresto desde marzo del
2002 sin ser procesados, fueron finalmente juzgados
por un tribunal de Ciego de Ávila bajo acusaciones
de desacato a la figura de Fidel Castro, desacato
policial y desorden público. Carlos Brizuela
Yera, del Colegio de Periodistas Independientes de
Camagüey, fue condenado a 3 años de prisión,
y Léster Téllez Castro, de la Agencia
de Prensa Libre Avileña, a 3 años y
6 meses.
El juicio transcurrió con
un sorpresivo incidente respecto al acusado Téllez
Castro, quien reconoció haber colaborado como
agente de la Seguridad del Estado, pero dijo sentirse
arrepentido y denunció la manipulación
orquestada por la policía política en
torno al proceso judicial, en lo que activistas de
la oposición consideraron un fiasco para los
fines propagandísticos del gobierno.
En este período las autoridades cubanas pusieron
en libertad, el 8 de junio, al periodista Carlos Alberto
Domínguez, de 51 años e integrante de
la agencia Cuba Verdad. Domínguez permaneció
detenido desde el 23 de febrero del 2002 por presuntas
actividades de desobediencia civil, pero fue liberado
sin que se le formularan cargos formales. Está
afectado por una migraña crónica.
Además, fueron beneficiados
con el otorgamiento de licencias extrapenales por
razones humanitarias Carmelo Díaz Fernández,
de 66 años, el periodista de mayor edad entre
los arrestados, y Manuel Vázquez Portal, de
53 años. Díaz Fernández presenta
graves problemas cardiovasculares, mientras que Vázquez
Portal tiene serias afectaciones pulmonares, hipertensión
y trastornos nerviosos.
Para ambos periodistas la licencia
extrapenal, amparada en el Decreto-Ley 62 de 1987,
comprende el cumplimiento de la condena en reclusión
domiciliaria, pero sin suprimirles la sanción
penal.
Sin embargo, el caso de mayor
gravedad entre los periodistas enfermos, Oscar Espinosa
Chepe, de 64 años, no ha sido favorecido con
una licencia humanitaria. Después de su reclusión
por meses en una celda del hospital militar de La
Habana, el pasado septiembre se le envió a
la sala médica de la prisión del Combinado
del Este.
La obstinación gubernamental
apunta al poeta y periodista Raúl Rivero, vicepresidente
regional de la Comisión de Libertad de Prensa
e Información de la SIP. Su imagen de intelectual
encarcelado es la más reconocida entre los
75 opositores de la llamada Primavera de Cuba. Su
causa es objeto de campañas internacionales,
sus libros de poemas y crónicas se traducen
y publican en varios idiomas, mientras que ciudades
europeas lo declaran bajo su protección y hasta
le otorgan el asilo político por adelantado.
Como resultado del hacinamiento
por once meses en una celda húmeda y tapiada,
Rivero, de 59 años, ha sido diagnosticado con
una neumopatía inflamatoria y una enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, con tendencia
predominante a enfisema pulmonar. En varias ocasiones
ha tenido que cumplir tratamiento en la enfermería
del penal de Canaleta, Ciego de Ávila, o en
un hospital cercano. Ha perdido 80 libras de peso
y no han faltado hostigamientos, empujones y hasta
golpes de carceleros y sus enviados.
Durante el presente año
sólo se le permitió acceder al pabellón
conyugal en dos ocasiones. Se le ha impedido contraer
matrimonio por la Iglesia Católica y adoptar
a una menor que se ha criado en su casa, con el cariño
de él y de su esposa, Blanca Reyes. A Reyes
las autoridades le impidieron viajar a Belgrado el
pasado mayo para recibir en nombre de Rivero el Premio
de Libertad de Prensa de la UNESCO 2004.
En fecha reciente las autoridades
penitenciarias amenazaron incluso con abrirle una
nueva causa por una supuesta violación de la
disciplina interna y añadirle cinco años
a su condena de 20.
La renuencia del régimen cubano a liberarlo,
ofrecerle una licencia humanitaria por su estado de
salud o trasladarlo a una prisión más
cercana al hogar tiene razones de alta política.
Raúl Rivero ha sabido llevar la poesía
cívica y el periodismo hasta límites
de compromiso, transparencia y comunicación
que no han conocido otras expresiones literarias dentro
de Cuba en los últimos treinta años.
Para un creador de su estirpe, la experiencia personal
de la cárcel se transformará sin dudas
en una estación nutricia de sus poemas y crónicas,
y en un testimonio demoledor sobre el totalitarismo
cubano.
Actos de acoso y hostigamiento
contra los periodistas encarcelados suman más
de una decena desde el pasado abril.
A comienzos de año el gobierno
cubano había iniciado el traslado de prisioneros
del Grupo de los 75 a centros penitenciarios de su
provincia de residencia o de provincias aledañas,
lo que a primera vista pudo interpretarse como una
iniciativa humanitaria. Sin embargo, un mes después
el proceso se paralizó y una veintena de presos
–entre ellos diez periodistas– quedaron
sin beneficiarse de este “acercamiento”
a sus hogares. Curiosamente, la mayoría de
los presos no trasladados son aquellos cuyas esposas,
madres e hijas han estado más activas en protestas
públicas y denuncias sobre la situación
de sus familiares a través del movimiento conocido
como las “Damas de Blanco” (identificadas
así por el color de sus ropas).
La Seguridad del Estado busca
incluso impedir la presencia de estas mujeres en sus
tradicionales reuniones dominicales en la Iglesia
de Santa Rita, en La Habana, programando visitas familiares
y llamadas telefónicas en los mismos horarios
que esas manifestaciones suelen producirse.
Una de las líderes de este
movimiento, Laura Pollán, esposa del periodista
Héctor Maseda, ha sido citada este año
en seis oportunidades por el jefe del Grupo de Enfrentamiento
a las Ilegalidades del Instituto Nacional de la Vivienda
en La Habana, bajo amenazas de perder el inmueble
si no presenta ciertos documentos exigidos ahora por
ese organismo estatal. La vivienda, ubicada en una
céntrica barriada habanera, se ha convertido
en un espacio aglutinador de mujeres con familiares
presos. Allí se hospedan las esposas que vienen
del interior para cumplir visitas y se realiza periódicamente
un Té Literario, donde se actualiza la situación
de los presos a través de cartas, poemas y
testimonios enviados desde las cárceles. Pollán
encabeza además una campaña de recogida
de firmas para solicitar una amnistía general
de los prisioneros políticos.
Otras denuncias de las prisiones
que se reportaron en el semestre son las siguientes:
El 7 de mayo, Normando Hernández
González, condenado a 25 años, fue golpeado
y arrastrado brutalmente por agentes de Seguridad
del Estado en la prisión Kilo 5 ½, en
Pinar del Río. Tras la golpiza, Hernández
fue confinado a una celda de castigo por más
de 100 días.
El 11 de agosto, Fabio Prieto
Llorente, condenado a 20 años, se declaró
por tercera vez en huelga de hambre, en protesta por
sus condiciones de detención. El periodista
fue trasladado a la Prisión de Kilo 8, Camagüey.
Allí fue ubicado en una celda con delincuentes
comunes.
El 1ro. de septiembre, el periodista
Víctor Rolando Arroyo, sancionado a 26 años,
fue vejado por oficiales de la prisión provincial
de Guantánamo. Luego lo internaron en una celda
de castigo, donde permaneció por 15 días.
El 13 de octubre, seis carceleros
de la prisión de Kilo 8, Camagüey, propinaron
una golpiza a Juan Carlos Herrera, condenado a 20
años, quien reclamaba sus derechos dentro del
penal. Herrera estaba esposado con las manos en la
espalda cuando fue golpeado. Las contusiones le dejaron
señales visibles en los pómulos, la
boca y la parte posterior de la cabeza. Es el segundo
maltrato físico que recibe el periodista desde
agosto, cuando fue también golpeado durante
el traslado desde otra prisión de menor rigor.
El movimiento de prensa independiente
ha logrado mantener activos a unos treinta reporteros
en La Habana y otras ciudades del interior del país,
aunque las condiciones son de precaria sobrevivencia.
Las principales agencias de noticias fueron desmanteladas
tras la ola represiva de marzo de 2003 y apenas han
podido reestructurarse algunos focos de creatividad
profesional. Los boletines y revistas artesanales
que llegaron a producirse y circular dentro de la
isla, no han podido ver la luz en el último
año. Algunos desafían las adversidades
y hacen llegar sus reportes a Cubanet, Nueva Prensa
Cubana, Encuentro en la Red y otras paginas digitales
especializadas en asuntos cubanos, así como
a Radio Martí y emisoras locales de Miami.
En septiembre, ocho periodistas
de la Agencia Cubana Independiente de Información
y Prensa Lux Info Press anunciaron la emisión
de un noticiero para prensa digital, con reportes
investigados por el grupo y otras entregas permanentes
de colaboraciones.
Al empeño de revistas como
Cubanet y Carta de Cuba, conformadas con textos de
periodistas independientes, se ha sumado Enepecé,
publicación mensual que edita desde mayo la
agencia Nueva Prensa Cubana, en Miami, y que también
envía ejemplares para su distribución
y circulación dentro de la isla.
Las advertencias y represalias
del aparato policial son incesantes. Una modalidad
represiva en boga es obligar a los periodistas a firmar
cartas de compromiso abjurando de sus labores informativas,
so pena de ser encausados bajo la Ley de Protección
de la Independencia Nacional y la Economía
de Cuba (Ley 88), la llamada “ley mordaza”
de 1999?.
Jaime Leygonier, periodista de
la agencia CubaPress se ha enfrascado en gestiones
legales ante el Ministerio de Educación y el
Tribunal Supremo de la nación, reclamando se
respete su derecho a la patria potestad de la hija
menor. En virtud de las posiciones disidentes del
periodista, la escuela primaria donde estudia la niña
ha tomado partido a favor de la madre y ha relegado
la autoridad paterna, prohibiéndole el acceso
al lugar y la comunicación con su hija.
Otras acciones represivas denunciadas
en el período son las siguientes:
El 22 de mayo, la periodista María
Elena Alpízar fue detenida por agentes policiales
cuando se encaminaba a la Iglesia de Santa Rita en
La Habana para reportar la asistencia de las Damas
de Blanco. Las autoridades procedieron a deportarla
a Placetas, su ciudad de residencia, y a multar con
500 pesos a una activista que le brindó alojamiento
en La Habana.
El 1ro. de julio, Gilberto Figueredo,
corresponsal de la agencia Lux-Info-Press en La Habana,
fue interceptado por agentes policiales en plena vía
pública y obligado a abordar un auto patrullero.
Fue conducido a una unidad de la Policía Nacional,
donde se le interrogó sobre sus actividades
disidentes. Luego de cuatro horas de detención,
se le confeccionó un “acta de advertencia”
por supuestos delitos cometidos en violación
de la Ley 88.
También en julio fueron
citados por la Seguridad del Estado de sus respectivas
provincias, Héctor Riverón, de la agencia
Libertad en Las Tunas, y Jesús Álvarez
Castillo, corresponsal de CubaPress en Ciego de Ávila,
para mostrarles copias de sus informaciones enviadas
al extranjero, con la advertencia de que podían
ser encausados por difundir “propaganda enemiga”.
El 22 de julio en Isla de la Juventud,
el periodista Carlos Serpa Maceira fue visitado en
su casa por un agente de la Seguridad del Estado que
lo conminó a subir en su motocicleta. Fue conducido
hasta una zona rural apartada, a varios kilómetros
de su hogar, donde el agente lo amenazó con
“meterle dos tiros si continuaba difundiendo
mentiras” hacia el exterior.
El 5 de agosto, Isabel Rey, de
la agencia CubaPress, fue citada por la Seguridad
del Estado del poblado La Esperanza, Villaclara. Se
le acusó de “repartir propaganda enemiga”
y se le obligó a firmar un documento en el
que se comprometía a dejar sus actividades
periodísticas y reportes a la radio en Miami
so pena de ser encausada.
Una citación similar recibió
el 24 de septiembre en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos,
el subdirector de la agencia Línea Sur Press,
Juan González González. Un oficial lo
amenazó con encarcelarlo y, tras una hora de
interrogatorio, fue advertido de un virtual encausamiento
penal si continuaba enviando informaciones a Radio
Martí y otras emisoras radicadas en Miami.
El 2 de septiembre, las autoridades
impidieron a última hora la salida de Cuba
de la periodista María Elena Rodríguez,
quien tiene visa para emigrar con su hijo de 12 años
a EE.UU. El niño está perdiendo paulatinamente
la visión como consecuencia de una negligencia
médica en Cuba, y recibirá tratamiento
especializado en un hospital infantil de Miami.
El periodista Bernardo Arévalo
Padrón, de 39 años, fundador de la agencia
Línea Sur Press en la provincia de Cienfuegos,
quien cumplió una condena de seis años
por acusaciones de desacato a la figura de Fidel Castro
y del vicepresidente Carlos Lage, salió en
libertad en noviembre del 2003 y poco después
obtuvo una visa de refugiado político para
viajar con su esposa a Estados Unidos, adonde planificaba
arribar el pasado 25 de agosto. Sin embargo, la Sección
de Intereses de EE.UU en La Habana les revocó
los visados en los días previos a la fecha
de viaje, sin derecho a apelar el caso.
En una carta fechada el 6 de julio,
firmada por un funcionario estadounidense de seguridad
interna, se le informó al periodista que la
Sección de Intereses había recibido
información sobre presuntos actos de “persecución
política” cometidos por él contra
un ciudadano cubano opuesto al régimen. Arévalo
asegura que las autoridades estadounidenses se han
dejado arrastrar por “infundios de la Seguridad
del Estado” contra su persona, dañando
su reputación como ex prisionero de conciencia.
Es impreciso si la cancelación está
motivada por el cargo de sargento del Ministerio del
Interior cubano que Arévalo ostentó
entre 1987 y 1990, antes de romper con el régimen
y sumarse a las filas opositoras. El disidente afirma
que nunca ha ocultado ese dato biográfico.
Arévalo padece actualmente
de un enfisema pulmonar y trastornos cardíacos,
y tiene pendiente una operación del tabique
nasal, fracturado durante una golpiza en la cárcel.
Tras la negativa estadounidense, también Francia
rechazó su petición de una visa humanitaria.
El 21 de agosto, el gobierno
de EE.UU comenzó a transmitir las señales
de Radio y Televisión Martí mediante
el uso de un avión C-130 de las Fuerza Aérea
norteamericana. Las transmisiones, que se realizan
semanalmente por varias horas, tienen lugar desde
el espacio territorial de EE.UU y buscan romper el
bloqueo impuesto por Cuba a las señales de
esas emisoras, dirigidas a informar a la población
de la isla. El gobierno cubano calificó este
hecho como parte de “una escalada en la agresión
radioeléctrica contra el pueblo cubano”
y plasmó su queja en un reciente informe a
la Asamblea General de Naciones Unidas.
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