Informe ante la 59ª Asamblea General
Chicago, Illinois
Octubre, 2003

CUBA

Nunca antes el caso cubano había atravesado por situaciones tan devastadoras como en este período de análisis. Cuando en marzo recibimos los primeros reportes desde La Habana sobre el allanamiento de viviendas, la incautación de bienes de trabajo y el arresto de una veintena de periodistas independientes, lejos estábamos de calcular las dimensiones de la actual represión por parte del Estado.

Tras la ola de arrestos de 28 representantes de la prensa independiente, los detenidos fueron encausados y sometidos inmediatamente a juicios sumarios, desprovistos de las mínimas garantías procesales. En la mayoría de los procesos, los abogados de la defensa no pudieron siquiera entrevistarse con sus defendidos o lo hicieron apenas horas antes del juicio, y sólo contaron con escaso tiempo para examinar los expedientes.

Los juicios contra los periodistas y demás opositores pacíficos se desarrollaron entre el 3 y el 7 de abril a puertas cerradas, con acceso limitado a familiares muy cercanos. A ningún miembro del personal diplomático acreditado en La Habana se le permitió entrar a las salas y los tribunales permanecieron acordonados por agentes policiales durante las sesiones judiciales.

Los periodistas fueron juzgados bajo el Art. 91 del Código Penal Cubano, de 1987, y la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, la llamada "ley mordaza", de 1999. De acuerdo con tales legislaciones, los miembros de la prensa no gubernamental pueden ser condenados por cometer "actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado", buscar información "para ser utilizada en la aplicación de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica" contra Cuba, y acumular, reproducir y difundir "material subversivo del gobierno de Estados Unidos".

Sin más pruebas que viejas máquinas de escribir, grabadoras, cintas, cámaras fotográficas, folletos y revistas, una cámara de video, no más de diez computadoras y "comprometedoras" libretas de teléfonos, la fiscalía solicitó tres cadenas perpetuas y penas entre los 15 y 30 años de cárcel para el resto de los encausados. Para reafirmar sus acusaciones, el ministerio fiscal se auxilió del testimonio de 12 agentes infiltrados de la Seguridad del Estado, que hasta la víspera actuaban como disidentes. Entre los "destapados" figuraban dos connotados miembros de la prensa independiente, Manuel David Orrio y Néstor A. Baguer, quienes días antes habían orquestado un taller de ética periodística en la residencia de James Cason, jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana.

De espaldas al clamor internacional, el gobierno impuso sentencias comprendidas entre los 14 y los 27 años de prisión a los 28 periodistas encausados. De los 1,454 años de prisión dictados contra 79 opositores pacíficos, 547 recayeron en periodistas.

Una de las más severas penas fue para el laureado poeta y periodista Raúl Rivero, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director de la SIP, condenado a 20 años de cárcel. La lista completa de los periodistas condenados es la siguiente: Raúl Rivero Castañeda (Cuba Press, Revista De Cuba), 20 años; Omar Rodríguez Saludes (Nueva Prensa Cubana), 27 años; Víctor Rolando Arroyo (Unión de Periodistas y Escritores Cubanos), 26 años; Miguel Galván Gutiérrez (Havana Press), 26 años; Normando Hernández González (Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey), 25 años; Iván Hernández Carrillo (Agencia Patria), 25 años; José Luis García Paneque (Agencia Libertad), 24 años; Ricardo González Alfonso (Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, Revista De Cuba), 20 años; Oscar Espinosa Chepe (periodista independiente), 20 años; Pedro Argüelles Morán (Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes), 20 años; Héctor Maseda Gutiérrez (Grupo Decoro), 20 años; Pablo Pacheco Ávila (Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes), 20 años; Mario Enrique Mayo (Agencia Félix Varela), 20 años; José Gabriel Ramón González (Instituto Cultura y Democracia), 20 años; Juan Carlos Herrera Acosta (Agencia de Prensa Libre Oriental), 20 años; Fabio Prieto Llorente (periodista independiente), 20 años; Léster Luis González Pentón (periodista independiente), 20 años; Manuel Vázquez Portal (Grupo Decoro), 18 años; Jorge Olivera Castillo (Havana Press), 18 años; Omar Ruiz Hernández (Grupo Decoro), 18 años; Carmelo Díaz Fernández (Agencia de Prensa Sindical Independiente de Cuba), 16 años; José Ubaldo Izquierdo (Grupo Decoro), 16 años; Edel José García Díaz (Centro Norte Press), 15 años; Adolfo Fernández Sainz (Agencia Patria), 15 años; Julio César Gálvez (periodista independiente), 15 años; Mijaíl Bárzaga Lugo (Agencia Noticiosa Cubana), 15 años; Alejandro González Raga (periodista independiente), 14 años y Alfredo Pulido López (Agencia El Mayor), 14 años.

A ellos se suman otros cinco bajo distintas condiciones de arresto, lo que eleva la cifra a un total de 33 periodistas confinados: Bernardo Arévalo Padrón (Agencia Línea Sur), 6 años, en prisión desde el 18 de noviembre de 1997, acusado de desacato a la figura del presidente Fidel Castro y del vicepresidente Carlos Lage; Carlos Alberto Domínguez (Agencia Cuba Verdad), encarcelado sin juicio en la Prisión de Valle Grande, La Habana, desde el 23 de febrero del 2002; Léster Téllez Castro (Agencia de Prensa Libre Avileña), encarcelado sin juicio en la Prisión de Canaleta, Ciego de Ávila, desde el 4 de marzo del 2002; Carlos Brizuela Yera (Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey), encarcelado sin juicio en la Prisión Provincial de Holguín, desde el 4 de marzo del 2002 y José Manuel Caraballo (Agencia de Prensa Libre Avileña), sentenciado a 3 años de trabajo correccional el 5 de septiembre del 2003, Prisión de Canaleta, Ciego de Ávila.

Los 28 periodistas condenados sumariamente, están confinados en cárceles de extrema seguridad, lo que implica que no tienen derecho a rebaja de la sanción. La mayoría de ellos fueron enviados a prisiones distantes hasta 650 millas de su ciudad de residencia, alejados de sus hogares y familias. El caso extremo es el de Víctor Rolando Arroyo, residente de Pinar del Río la provincia más occidental del país y destinado a la prisión de Chafarina, Guantánamo, en el extremo oriental de la isla.

Los confinamientos lejos del hogar representan de hecho una doble condena que afecta a esposas, madres, hijos y demás familiares, obligados a prolongadas travesías en medio de la crisis de transporte y las escasas posibilidades de alojamiento que encara la población cubana. Las visitas familiares se han fijado cada tres meses y cada cinco meses al llamado "pabellón matrimonial", de acuerdo con el comportamiento del reo.

Las autoridades carcelarias han dispuesto 100 minutos mensuales de llamadas telefónicas para los prisioneros, pero en la mayoría de los casos se trata de un espejismo debido a la frecuente rotura y carencia de equipos telefónicos, y la "interrupción" de las líneas.

Las condiciones del encierro no pueden ser más deplorables: alimentación pésima, permanencia en celdas tapiadas bajo temperaturas asfixiantes, sin agua potable y deficiente higiene sanitaria, donde proliferan ratas e insectos. Desde 1988 Cuba ha impedido la entrada a sus prisiones de enviados de la Cruz Roja Internacional y otras entidades de monitoreo.

Todos los recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo Popular han sido desestimados.

En los últimos meses gobiernos democráticos, organismos internacionales y agrupaciones de derechos humanos han apelado por vías diplomáticas al gobierno cubano para que al menos flexibilice los rigores de la cárcel y libere a los prisioneros enfermos, algunos de ellos con edad avanzada y creciente deterioro de salud. El 18 de septiembre, al cumplirse seis meses de los arrestos, un grupo de 14 periodistas independientes envió una carta al Consejo de Estado pidiendo una amnistía para sus 28 colegas condenados a largas penas.

En cuanto a una veintena de personas varios periodistas incluidos que entraron enfermos a la prisión y han visto empeorar allí su situación médica, el gobierno ni siquiera tendría que emitir un decreto de amnistía, sino acudir al propio Código Penal vigente para concederles el beneficio de "licencias extrapenales".
El caso más alarmante entre los periodistas enfermos en prisión es el de Oscar Espinosa Chepe, de 62 años, quien padece de cirrosis hepática. Tras el encarcelamiento, su salud se ha deteriorado vertiginosamente; ha perdido más de 40 libras de peso, presenta edemas en las piernas y sangre en las heces fecales. Luego de fuertes insistencias de familiares y médicos conocedores de su situación, fue trasladado de la cárcel de Guantánamo al Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba y de allí, con carácter urgente, a la Sala de Seguridad del Estado del Hospital Militar Carlos J. Finlay, en La Habana, donde aún permanece.
Otros prisioneros con padecimientos serios son: Raúl Rivero, de 57 años, con hipertensión y problemas hepáticos y circulatorios; Carmelo Díaz Fernández, el prisionero de mayor edad en el grupo con 66 años, afectado por la hipertensión, una úlcera duodenal y trastornos circulatorios; Edel José García, de 58, sin visión en el ojo izquierdo, afectado del ojo derecho, con una úlcera estomacal, hemorroides y trastornos psiquiátricos; Jorge Olivera, de 41, con hernia hiatal y graves trastornos digestivos; y Miguel Galván Gutiérrez, de 38, discapacitado físico, con afectaciones hepáticas y estomacales.

El 15 de agosto los periodistas Mario Enrique Mayo, Adolfo Fernández Saínz e Iván Hernández Carrillo, confinados en la Prisión Provincial de Holguín, iniciaron una huelga de hambre que se prolongó por diez días, en protesta por la falta de medicamentos y alimentación adecuada.

El 31 de agosto, los periodistas Manuel Vázquez Portal, Juan Carlos Herrera Acosta y Normando Hernández González, junto a otros tres prisioneros de conciencia del penal de Boniato, Santiago de Cuba, se declararon también en ayuno para pedir mejores condiciones de higiene y alimentación. El ayuno provocó que las autoridades decidieran dispersar a los prisioneros y trasladar a Vázquez Portal a otro centro penitenciario en Santiago de Cuba.

El 25 de septiembre Miguel Galván Gutiérrez comenzó un ayuno y está renuente a aceptar el reglamento carcelario en la prisión de Agüica, Matanzas.
El periodismo independiente está representado por un centenar de periodistas independientes, atomizados en unas 40 agrupaciones sin personalidad legal reconocida, frente a la maquinaria estatal de 2.175 informadores oficiales que trabajan en los 548 medios de comunicación existentes en el país, 237 de ellos con versiones digitales.

La violencia contra el periodismo independiente es parte de una ofensiva gubernamental que incluyó también las antenas de fabricación casera para captar señales de televisión, los bancos clandestinos de vídeo, las conexiones ilegales a la Internet, los propietarios "no autorizados" de computadoras, entre otros.
Otras acciones represivas que siguieron a la ola de arrestos y condenas fueron:

- A comienzos de abril, un grupo de esposas de los periodistas y opositores condenados fueron visitadas por agentes de la Seguridad del Estado para advertirles que no podrían continuar con la "caminata en silencio" que venían realizando los domingos a la salida de la Iglesia de Santa Rita, en La Habana. Desde el arresto de sus esposos, las mujeres emprendían una caminata silenciosa a lo largo de la Quinta Avenida, en el reparto Miramar, vestidas de blanco y con un pañuelo negro. Las manifestantes decidieron acatar la orden para garantizar la atención de los esposos encarcelados, aunque continúan asistiendo a la misa dominical en esa iglesia habanera.

- El 23 de abril el gobierno informó de que había sancionado a 31 personas que durante el 2002 utilizaban correos electrónicos ajenos y hacían "uso indebido" de las redes informáticas. La Agencia de Control y Supervisión creada en el 2001 también dio a conocer que en el mismo período impuso 191 multas por violaciones graves del espacio radioeléctrico y detectó otras 1.128 faltas menores en la labor de los radioaficionados cubanos.

- Decenas de reportes salidos de la isla indican que las autoridades policiales citaron a periodistas independientes que permanecen en libertad para persuadirlos de dejar su labor informativa, so pena de ser encausados. En el período se registran además sistemáticos cortes del servicio telefónico en sus viviendas y llamadas de intimidación.

- El 4 de mayo las autoridades retuvieron en el aeropuerto internacional de La Habana al periodista francés Bernard Briancon, a quien le incautaron ocho cintas de video con entrevistas. Briancon, responsable de la productora privada Mediasens, había entrado a Cuba con visa de turista para realizar una investigación sobre el movimiento disidente y la situación de los derechos humanos en el país.

- El 20 de agosto las autoridades migratorias negaron el permiso de salida temporal al periodista Oscar Mario González, del Grupo Decoro, quien pretendía viajar a Suecia para reencontrarse con su hija. La única explicación ofrecida por los funcionarios de inmigración sobre la negativa fue que cumplían "órdenes superiores".

- Muchos periodistas han optado por congelar sus tareas informativas ante la posibilidad de ser encarcelados y dejar a sus familias desprotegidas. Varias agencias han dejado de operar como consecuencia del arresto de sus directores y principales promotores. Algunos han acordado difundir sus despachos en el exterior bajo anonimato o con el uso de seudónimos, como viene haciendo la agencia Cubanet desde Miami. El auge de revistas y boletines alternativos que venía produciéndose en La Habana y otras ciudades del interior se ha visto frenado por las circunstancias.

No obstante, otros focos de creatividad se mantienen vivos y actuantes. Desafiando las carencias materiales y el cerco represivo, un grupo de fundadores de la revista bimestral De Cuba lograron poner a circular el tercer número de la publicación. La revista, confeccionada artesanalmente, comenzó a editarse el pasado diciembre con el fin de abrir una ventana de libertad informativa para los lectores de la isla.
Justamente las copias incautadas de De Cuba fueron parte de las "evidencias" acusatorias en el proceso contra su director, Ricardo González Alfonso, y su asesor, Raúl Rivero. La revista fue catalogada por la fiscalía como una publicación "subversiva", utilizada por la Sociedad de Periodistas Márquez Sterling "como otra fachada para suministrar información al gobierno norteamericano".
Dos mujeres periodistas integrantes del consejo de Redacción de De Cuba, Claudia Márquez y Tania Quintero, han elaborado este tercer número de 62 páginas, dedicado a brindar testimonio sobre los 75 opositores arrestados el pasado marzo. Al cierre de este informe habían sido impresas y distribuidas unas 200 copias a lo largo del país, y las editoras planeaban poner en circulación otras 200 en los próximos días.
A Márquez, quien funge como vicepresidenta de la Sociedad de Periodistas Márquez Sterling, agentes de Seguridad del Estado la habían amenazado anteriormente con retirarle la custodia de su hijo de seis años, fruto del matrimonio con el disidente Osvaldo Alfonso, quien cumple una condena de 18 años.
Por otro lado, la propaganda gubernamental despliega enormes recursos para imponer sus desvaríos totalitarios y difamar a sus opositores internos y externos.
El ámbito interno continúa gobernado por "la batalla de ideas" decretada por Fidel Castro, la cual comprende las "mesas redondas informativas" y las "tribunas abiertas", con retrasmisiones demasiado frecuentes de los interminables discursos del presidente venezolano Hugo Chávez. En una Instrucción Teológico Pastoral de los Obispos Católicos de Cuba, emitida el pasado 8 de septiembre, se cuestiona este estilo repetitivo en la comunicación que al sobresaturar ideológicamente el tratamiento de los problemas, "hace menos objetiva la información y dificulta cualquier posibilidad de diálogo crítico".

"Es preocupante constatar que, actualmente, todo lo que en el pensamiento y en las acciones no coincida con la ideología oficial, se considera carente de legalidad y es descalificado y combatido sin tener en cuenta la verdad y la bondad que pueda poseer", afirmó el documento de la jerarquía católica cubana.
Preocupado con el prestigio internacional ganado por la disidencia interna, el gobierno encargó a dos parejas de periodistas oficiales todos con reconocido aval de servicio al poder la redacción de sendos libros para desacreditar a figuras del movimiento opositor, sembrar intrigas y fragmentar las fuerzas del adversario: Los disidentes, de Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez, y El Camaján, de Arleen Rodríguez y Lázaro Barredo. De acuerdo con informaciones extraoficiales que circulan dentro de la isla, se hallan en preparación otros títulos de esta serie editorial.

De cara al mundo exterior, el gobierno cubano inauguró el pasado enero el sitio electrónico Antiterroristas.cu, destinado a recabar apoyo internacional para la liberación de los llamados Cinco Héroes Prisioneros del Imperio, los cinco cubanos condenados por espionaje en Estados Unidos. Poco después quedó constituido, bajo los auspicios de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), el Círculo de Periodistas contra el Terrorismo, que el 14 de agosto lanzó otro sitio en la Internet, denominado Cubadebate.cu, con similares fines propagandísticos. Según el lenguaje de subterfugios de sus patrocinadores, buscan "enfrentar el terrorismo mediático que globaliza la mentira y sataniza a los luchadores y a los pueblos que no se doblegan".

Uno de los blancos de ataque reiterado en los medios oficiales es la SIP. En un artículo aparecido en el diario Granma en ocasión de los 40 años de la fundación de la UPEC ("El valor de los principios en el periodismo", de Ernesto Vera; 7-15-2003), se califica a la SIP como una institución "antidemocrática", "cómplice del más extraordinario alud de campañas mentirosas contra la revolución cubana" e identificada con "el ejercicio de terror intelectual de más alcance en la historia". El mismo articulista, ex presidente de la UPEC, arremetió en un texto anterior ("Libertad de mentir y matar"; Granma, 5-13-2003) contra la Declaración de Chapultepec, señalándole que "niega el carácter profesional de la función periodística, al condenar la colegiación obligatoria".