Informe Indianápolis
Marzo, 2005

CUBA

El periodismo cubano atraviesa por un doloroso momento de precariedad, desgastado por 46 años de control estatal sobre los medios de comunicación, una violenta escalada represiva contra las expresiones independientes y los periodistas presos, y la total indiferencia de las autoridades ante las demandas informativas de la población.

La situación sobre la represión desencadenada con amplio despliegue policial y juicios sumarios de dos años atrás, no ha dejado de existir y recrudecerse en la actualidad.

El panorama actual no podría ser más desolador. Justamente al cierre de este informe, el periodista Víctor Rolando Arroyo, de 56 años, languidece en la sala de penados del hospital provincial de Holguín, en el extremo oriental de la isla, tras realizar una huelga de hambre de 23 días. Arroyo, condenado a 26 años de prisión durante la ola represiva de la primavera del 2003, decidió optar por el ayuno en protesta por los continuos maltratos de los carceleros y se ha negado a recibir tratamiento médico, a pesar del grave deterioro de su salud. Después de permanecer por varios días en el hospital provincial de Guantánamo fue trasladado el pasado 3 de octubre a Holguín. Sus familiares, que han viajado desde Pinar del Río, en el extremo occidental, tienen acceso limitado para verlo.

Todos los convenios internacionalmente reconocidos sobre el tratamiento a prisioneros de conciencia en huelga de hambre han sido incumplidos por las autoridades cubanas.

En la provincia de Villaclara, el periodista preso de mayor edad, Héctor Maseda Gutiérrez, de 62 años, condenado a 20 años cumple ya 13 meses sin recibir visitas familiares ni visitas conyugales. Desde enero de este año hasta hace pocos días estuvo sometido a un “régimen especial incrementado”, sufriendo vejaciones de todo tipo, como represalia por los escritos testimoniales sacados del penal y por la actitud que mantiene su esposa, Laura Pollán, líder del movimiento cívico conocido como Damas de Blanco. Pollán fue advertida por las autoridades policiales, a comienzos de este año, de que su esposo sufriría las consecuencias si ella no abandonaba sus protestas públicas a favor de la liberación de los prisioneros de conciencia.

La cifra de periodistas encarcelados se elevó en este período a 26, con el arresto de Oscar Mario González, quien permanece detenido desde el pasado 22 de julio sin ser formalmente encausado, y de Albert Santiago Du Bouchet, procesado y condenado sumariamente a un año de cárcel, el 9 de agosto, por participar en una investigación de rutina sobre un disturbio callejero.

González, del Grupo de Trabajo Decoro, fue detenido cerca de su casa bajo suposiciones de que asistiría esa mañana a una protesta antigubernamental frente a la Embajada de Francia en La Habana. Ha sido ya informado por las autoridades de que se le formularán cargos por violar la Ley para la Protección de la Seguridad Nacional y la Economía de Cuba (ley 88), de 1999, la cual sirvió para dictar las condenas a disidentes y periodistas en el 2003.

El 9 de agosto la reportera Lamasiel Gutiérrez Romero, de la agencia Nueva Prensa Cubana en Isla de la Juventud, fue condenada a siete meses de libertad condicional bajo acusaciones de “resistencia al orden y desobediencia civil”. Gutiérrez había sido arrestada por tres agentes de Seguridad del Estado, el 14 de julio, cuando se disponía a viajar a La Habana, y pasó siete horas en una celda durante el interrogatorio policial.

Luego de excarcelar a seis periodistas del llamado Grupo de los 75 con licencias extrapenales por razones humanitarias, el pasado año, el gobierno ha congelado el otorgamiento de este beneficio. La licencia extrapenal por motivos de salud es una cláusula amparada por el Decreto-Ley 62, de 1987, que implica el cumplimiento de la condena en reclusión domiciliaria, pero no estipula la amnistía ni la supresión de la sanción penal.

Dos de los periodistas beneficiados con licencia extrapenal, Raúl Rivero y Manuel Vázquez Portal, lograron obtener el permiso del gobierno cubano para emigrar. Rivero, director vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, viajó con su familia a España en abril; Vázquez Portal a Estados Unidos en junio.

Al resto de los excarcelados con licencia extrapenal, Jorge Olivera, Oscar Espinosa Chepe, Carmelo Díaz Fernández y Edel José Garcia, se les ha retenido el permiso de salida y sobre ellos pesa el peligro de retornar a la cárcel si el gobierno lo determina.

A la partida de Rivero y Vázquez Portal hacia el exilio, se suman también en el último semestre María Elena Rodríguez, Claudia Márquez, Miguel Saludes y Jesús Álvarez Castillo, radicados en Estados Unidos, y Diolexys Rodriguez Hurtado, Belkys Rodríguez Bravo, Isabel Rey Rodríguez y Marvin Hernández Monzón, en Francia.

Para quienes están encarcelados con sanciones que oscilan entre tres y 27 años, sigue en vigor, mayoritariamente, un régimen de severidad penal, alejados de sus hogares y familiares por a cientos de millas de distancia. Son comunes las denuncias por vejaciones, alimentación deplorable, carencia de agua potable, hacinamiento en las celdas y la convivencia con reos comunes de alta peligrosidad.

Una docena de los encarcelados tiene la salud afectada por enfermedades crónicas y adquiridas durante la reclusión. De los periodistas enfermos que permanecen en prisión, sin las debidas condiciones higiénico-sanitarias, los casos más alarmantes son los siguientes:

- José Gabriel Ramón Castillo, de 46 años, Prisión de Boniato, Santiago de Cuba. En septiembre se le diagnosticó cirrosis hepática, junto a la hipertensión arterial y los trastornos circulatorios que ya padecía.
- Normando Hernández González, de 36 años, retornado a la prisión Kilo 5 ½, en Pinar del Río tras seis meses de hospitalización por alteraciones en el análisis de tuberculosis (bacilo de Koch); síndrome de mala absorción intestinal y úlceras estomacales.
- Juan Carlos Herrera Acosta, de 39 años, Prisión Kilo 7, Camagüey: cardiopatía e hipertensión arterial, polineuritis, afecciones de la piel (vitiligo), trastornos nerviosos y pérdida de 30 libras de peso. Tras permanecer hospitalizado entre marzo y mayo, fue devuelto a la prisión a comienzos de junio. El 23 de mayo, durante su estancia en la sala de penados del hospital “Amalia Simoni”, en Camagüey, fue golpeado, arrastrado por el piso por los guardias y amenazado de que se le abriría una nueva causa por “desacato a la figura de Fidel Castro”. A finales de septiembre recibió una golpiza, que motivó protestas de sus compañeros de prisión.
- Adolfo Fernández Saínz, de 57 años, Prisión Provincial de Holguín: hipertrofia prostática, hipertensión arterial, conjuntivitis crónica, enfisema pulmonar, hernia hiatal y quistes renales.
- José Luis García Paneque, de 40 años, Hospital Nacional de Reclusos de la prisión Combinado del Este, en La Habana: síndrome de mala absorción intestinal y crisis depresivas agudas. Ha perdido más de 70 libras de peso desde su reclusión.
- Mario Enrique Mayo, de 41 años, Prisión Kilo 7, de Camagüey: hipertensión arterial, enfisema pulmonar, gastritis y problemas prostáticos. Ha sido trasladado cuatro veces de centro penitenciario en menos de tres años y ha sido hospitalizado en repetidas ocasiones. El pasado julio realizó una huelga de hambre que debilitó severamente su salud.
- Pedro Argüelles Morán, de 57 años, Prisión de Nieves Morejón, Sancti Spiritus: enfisema pulmonar, artritis generalizada y cataratas en ambos ojos, por lo que está prácticamente ciego.
- Julio César Gálvez Rodríguez, de 61 años, Hospital Nacional de Reclusos de la prisión Combinado del Este, La Habana: hipertensión arterial, hígado graso, artrosis cervical, sacro lumbalgia y estados depresivos.
- Ricardo González Alfonso, de 55 años, Hospital Nacional de Reclusos del Combinado del Este, La Habana: fue sometido a una operación de vesícula en enero; granuloma abdominal un soplo cardíaco congénito.
- Alfredo Pulido López, de 45 años, Prisión Kilo 7, Camagüey: bronquitis crónica, neuralgia occipital, hemorroides e hipertensión arterial.
- Omar Ruiz Hernández, de 58 años, Prisión de Canaleta, Ciego de Ávila: hipertensión arterial y ensanchamiento de la aorta.
- José Ubaldo Izquierdo, de 40 años, Prisión de Guanajay, La Habana: enfisema pulmonar agudo y trastornos digestivos.

En el acontecer público son cada vez más frecuentes los casos de hostigamiento policial, represalias, intimidación con desalojos de viviendas, detenciones temporales y acoso por parte de turbas paramilitares, instigadas y protegidas por los propios agentes del orden. La revitalización de los llamados mítines de repudio (viejo método represivo) es la nueva carta de compulsión policíaca ante el creciente descontento popular.

En Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, el 8 de agosto, fue detenido por ocho horas el médico Florencio Cruz, integrante de la agencia Línea Sur Press, a quien le decomisaron medicinas y dinero enviado desde Estados Unidos. En La Habana, el 22 de agosto, el periodista de la agencia Havana Press, Carlos Ríos, fue detenido y liberado al día siguiente para forzarlo a abandonar sus tareas profesionales.

El 16 de septiembre, Guillermo Fariñas, colaborador de la agencia Cubanacán Press, en la ciudad de Santa Clara, fue insultado y golpeado en plena calle por un grupo de manifestantes progubernamentales al salir de una estación de policía, en presencia de agentes del orden.

A finales de marzo, la vivienda del periodista Bernardo Arévalo Padrón, residente en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, fue pintarrajeada por ciudadanos que dijeron ser militantes del Partido Comunista de Cuba. Arévalo continúa laborando en la agencia Línea Sur Press tras cumplir una condena de seis años de cárcel por desacato a la figura de Fidel Castro. Sus gestiones para emigrar están bloqueadas tras la negativa de Estados Unidos y Francia a otorgarle refugio político, presuntamente por su anterior vinculación con el Ministerio del Interior cubano.

A principios de agosto, el matrimonio de los periodistas Luis Guerra Juvier y Aurora del Toro, de la agencia Nueva Prensa Cubana, fueron expulsados de la vivienda que ocupaban en la ciudad de Camagüey, por órdenes de funcionarios gubernamentales. La demanda de desalojo estuvo argumentada sobre las presuntas “actividades contrarrevolucionarias” de ambos periodistas.

En Las Tunas, a mediados de agosto, el periodista Héctor Riverón González, de la agencia Libertad, fue citado por agentes de la Seguridad del Estado para advertirle de que, si no se incorporaba a un puesto de trabajo, sería arrestado y encausado mediante la Ley 88 por sus labores informativas.

En todo el país se mantienen activos unos 30 informadores que desarrollan su labor de manera irregular, respaldados fundamentalmente por agencias, emisoras radiales y publicaciones en el exterior, como Cubanet, Nueva Prensa Cubana, Carta de Cuba, Radio Martí, Encuentro en la Red y otros sitios cibernéticos y emisoras locales de Miami.

En el escenario de la prensa gubernamental, los medios oficiales desplegaron grandes espacios para promover la inauguración del canal Telesur, el pasado 24 de julio, como una vía para “desalambrar el latifundio mediático” y contribuir a crear una conciencia de integración. Cuba es uno de los cinco países patrocinadores del canal televisivo, pero ni siquiera el régimen permitirá a la audiencia cubana el acceso a la totalidad de su programación. Los cubanos sólo podrán ver una selección de una hora de fragmentos y programas, debidamente escogidos por expertos oficiales, como sucede mediante los convenios de intercambios de programación firmados con CNN y otras televisoras extranjeras.

La alianza estratégica de los medios cubanos con el periodismo oficialista venezolano prosigue a toda marcha. Tras el lanzamiento en febrero de la revista de “doble nacionalidad” Patria Grande, Venezuela y Cuba firmaron un convenio de cooperación informativa para estrechar los vínculos entre la agencia cubana Prensa Latina (PL) y la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). De acuerdo con el convenio, suscrito el 23 de marzo, los periodistas cubanos ayudarán a la reestructuración y reactivación de ABN, y asesorarán “el tratamiento informativo de las noticias, la capacitación profesional del personal venezolano y el adiestramiento en nuevas tecnologías”.

Por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo, la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) convocó en La Habana a un coloquio sobre “la verdad secuestrada”, en el cual se analizó “el momento histórico que vive Latinoamérica y muy especialmente Venezuela”, y se, enfatizó, paradójicamente, que “la información es un derecho de los pueblos”.

La supuesta campaña antiterrorista que dice respaldar los la propaganda estatal a través de 548 medios de prensa y más de 270 páginas cibernéticas, resulta altamente cuestionable cuando en reacción a los atentados que ocurrieron en Londres, el pasado julio, sus sitios digitales llegan a publicar un artículo con la siguiente aseveración: “Los atentados de Londres son la expresión de la justa cólera de los martirizados. Los mansos han decidido dejar de serlo”. (Lisandro Otero: “La respuesta de los sufrientes”. La Jiribilla, Semana 2-8 de julio de 2005).

El gobierno cubano no ha escatimado amenazas contra los corresponsales extranjeros acreditados en La Habana, culpando a algunos de ellos por sumarse a la “guerra electrónica” que trata de presentar una imagen de caos y crisis económica en Cuba.

A comienzos de julio, mientras daban cobertura a los mítines de repudio progubernamental frente a viviendas de opositores pacíficos, camarógrafos y reporteros, entre ellos representantes de la cadena CNN, fueron increpados e incluso empujados por enardecidos manifestantes, sin que las fuerzas policiales intervinieran en los altercados. Días después, durante un discurso por la efeméride revolucionaria del 26 de julio, fue el propio Fidel Castro quien advirtió sobre “algún que otro corresponsal extranjero en La Habana” que se ha dejado arrastrar, consciente o inconscientemente, por “la corriente de la provocación y la insidia” contra Cuba.

En esa ocasión Castro culpó también al gobierno de Estados Unidos y los exiliados de Miami por aprovecharse de las presuntas facilidades ofrecidas por las autoridades cubanas para que numerosas agencias internacionales y órganos de prensa residan e informen desde la isla, y lamentó que “algunos realmente lo hacen en plena complicidad con la Oficina de Intereses de Estados Unidos para desinformar y engañar al mundo sobre la realidad cubana”.

questions or comments? e-mail us
Copyright © 2000 Inter American Press Association. All rights reserved.