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INFORMES
CUBA
Informe ante la 63ª Asamblea General
Miami, Florida
12 al 16 de octubre, 2007
El
periodismo permanece en una encrucijada de inercia
en los medios oficiales, represión a la prensa
independiente, indolencia ante los periodistas presos
y enfermos, y control gubernamental en todos los niveles
de acceso a la información.
Nada ha cambiado tras los 14 meses de ausencia del
gobernante Fidel Castro, cuyo regreso al poder parece
cada vez menos probable. Alejado de la vida pública
por una prolongada crisis de salud, Castro se ha hecho
sentir en los medios oficiales, que desde el 29 de
marzo han publicado y transmitido los contenidos de
51 artículos bajo el rótulo de “reflexiones”.
El ambiente periodístico se mantiene intacto,
a pesar de los intentos cosméticos del gobernante
interino Raúl Castro por otorgarle a la prensa
oficial un papel activo en la crítica y la
solución de los problemas económicos
y sociales.
La cifra de periodistas encarcelados es de 27, luego
de la liberación de dos reporteros y el arresto
de otro durante los últimos seis meses.
El 13 de abril, en un violento operativo policial
en el poblado Pedro Betancourt, Matanzas, fue arrestado
el periodista independiente Oscar Sánchez Madan,
quien fue trasladado de inmediato al municipio cercano
de Unión de Reyes. Pocas horas después,
en un juicio sumario, se le condenó a cuatro
años de cárcel bajo el cargo de “peligrosidad
predelictiva”. El juicio se realizó sin
la presencia de familiares ni abogados de la defensa.
Los términos como “peligrosidad predelictiva”
y “delito de peligrosidad social”, son
modalidades legales para enmascarar la represión
gubernamental contra los informadores independientes.
El 8 de mayo fue liberado Roberto de Jesús
Guerra Pérez, de la agencia Nueva Prensa Cubana,
cinco días antes de cumplir una condena de
un año y 10 meses.
El 20 de agosto salió en libertad el periodista
Armando Betancourt Reina, quien había sido
condenado el 3 de julio a 15 meses de prisión
en un caso de violación flagrante de las normas
procesales. El juicio se había suspendido varias
veces por falta de una acusación formal. Betancourt,
integrante de la agencia Nueva Prensa Cubana, permaneció
detenido sin derecho a fianza desde el 23 de mayo
del 2006 por haberse presentado en un barrio donde
los vecinos protestaban en reacción a un desalojo
forzoso, perpetrado por las autoridades de la provincia
de Camagüey.
Diez periodistas han empeorado recientemente su condición
de salud en prisión, sin que las autoridades
accedan a concederles una licencia humanitaria en
virtud de sus padecimientos y, en no pocos casos,
de la avanzada edad de los prisioneros.
Normando Hernández, de 39 años, fue
trasladado el 14 de septiembre desde la prisión
de Kilo 7, en Camagüey, al Hospital Militar “Carlos
J. Finlay” de La Habana, como consecuencia de
su grave estado de salud. Hernández, condenado
a 25 años, padece del síndrome de mala
absorción intestinal, tiene hernias vesiculares
e hipertensión arterial. Una prueba de tuberculosis
ha arrojado resultados irregulares en varias ocasiones
y está pesando apenas 45 kilos.
Las autoridades cubanas se han negado a considerar
la visa humanitaria que le concediera el pasado abril
el gobierno de Costa Rica para que Hernández,
viaje con su esposa a ese país.
El médico y periodista José Luis García
Paneque, condenado a 24 años, fue trasladado
a finales de junio de su celda e internado en el hospital
de la prisión de Las Mangas, en la provincia
Granma. Sufre de anemia y malnutrición como
resultado de padecer el síndrome de mala absorción
intestinal, y su recuperación depende de una
dieta estricta imposible de cumplir en una cárcel
cubana. Se le diagnosticó además un
quiste de riñón y tiene serias afectaciones
nerviosas. Su esposa y cuatro hijos menores se vieron
obligados a abandonar la isla y emigrar a Estados
Unidos a comienzos de este año, en medio del
hostigamiento constante de las autoridades y las turbas
progubernamentales, que los calificaban de “terroristas”
al servicio de Estados Unidos. Los niños eran
también objeto de burlas por parte de sus compañeros
en la escuela.
José Gabriel Ramón Castillo, condenado
a 20 años, está en la prisión
de Boniato en Santiago de Cuba, debilitado severamente
a consecuencia de la cirrosis hepática, diabetes
e hipertensión arterial.
Pedro Argüelles Morán, condenado a 20
años, fue hospitalizado en abril con cataratas
avanzadas en ambos ojos y ha perdido casi completamente
la visión.
Juan Carlos Herrera Acosta, condenado a 20 años,
ha vuelto a ayunar como protesta por las condiciones
de máxima severidad a que es sometido en la
prisión Kilo 8, en Camagüey. A los 41
años, padece de cardiopatía izquémica,
hipertensión arterial, artrosis cervical, asma
y trastornos hepáticos.
Un minusválido se halla entre los periodistas
presos: Miguel Galván Gutiérrez, ingeniero
de profesión, sentenciado a 26 años
de cautiverio.
De los seis periodistas de la llamada Causa de los
75 que fueron excarcelados con una licencia extrapenal
por razones humanitarias, cuatro permanecen en Cuba
con visas de refugiados de Estados Unidos, pero las
autoridades se niegan a otorgarles la salida definitiva
del país.
Jorge Olivera, uno de los periodistas beneficiados
con licencia humanitaria, fue citado el pasado 29
de mayo a una oficina de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) en La Habana, mientras que el
tribunal municipal de Habana Vieja le ha enviado reiteradas
citas para recordarle que no debe asistir a actividades
públicas ni transgredir los límites
de su provincia de residencia.
Los más de 40 periodistas independientes que
se mantienen activos en su labor dentro de Cuba, enfrentan
a diario acciones represivas que van desde advertencias,
multas e incautación de dinero y objetos personales,
hasta el allanamiento de sus viviendas, los registros,
el asedio de turbas progubernamentales y las represalias
contra sus familiares.
El periodista Luis Guerra Juvier, acogido al programa
de refugiados de Estados Unidos, se mantiene en un
limbo legal. Las autoridades les retiraron el permiso
de salida a Juvier y su esposa hace más de
un año, sin que las autoridades justifiquen
las razones de esa medida.
El gobierno prosiguió su ofensiva contra la
proliferación de señales clandestinas
de televisión por satélite y ha recrudecido
los controles para limitar las conexiones a la internet.
En los últimos meses se han reportado en La
Habana una decena de redadas policiales a nivel de
barrios contra las antenas parabólicas y las
apropiaciones de señales de televisión
por cable. El propósito es desmantelar los
centros de redistribución de señales
instalados en los vecindarios, el decomiso de equipos
y la imposición de multas a los infractores.
La población –mayormente en la capital--
busca estos servicios como alternativa de información
y entretenimiento a la programación de los
medios oficiales.
Entre el 27 y el 30 de junio, se realizó en
todo el país el llamado Ejercicio Nacional
de Vigilancia y Prevención Cederista –un
operativo coordinado de fuerzas policiales, entidades
estatales y comités de barrio para combatir
supuestas ilegalidades y actos de corrupción.
El objetivo de esta maniobra, que empezó en
1997, se centró en esta oportunidad en las
guardias y la vigilancia en los vecindarios, y se
volcó a coordinar acciones para desmantelar
conexiones ilegales de televisión e internet,
con la participación de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) y empresas estatales como ETECSA,
el emporio de las telecomunicaciones en el país.
En un intento por tratar de motivar la atención
de la audiencia nacional, el Instituto de Radio y
TV (ICRT) puso en práctica este verano, como
gran novedad, una programación televisiva de
24 horas.
El otro foco de vigilia gubernamental es internet,
que está limitada a organismos centrales del
Estado, instituciones educaciones y culturales, así
como a extranjeros que abonan el servicio en moneda
convertible. El costo por una hora de internet, con
una conexión de extrema lentitud, oscila entre
$6 y $10 en los pocos cibercafés y hoteles
de la capital.
El reforzamiento del control en los centros laborales
y estudiantiles ha sido evidente este año.
En mayo, los trabajadores del ICRT, en la capital
y en las sedes provinciales, recibieron un comunicado
interno prohibiéndoles el acceso al servidor
YAHOO y a todas sus extensiones. El argumento fue
que el sitio YAHOO no satisface ya “las peticiones
orientadas a los servicios informativos” y que
“interfiere la labor profesional” en el
ICRT.
En el 2003, la conexión a internet desde los
periódicos, revistas y demás medios
oficiales había sido reducida a una hora diaria
por periodista, y se implementó como indisciplina
grave el uso de ese tiempo para asuntos o mensajes
personales.
El pasado 13 de agosto, una carta oficial suspendió
la entrada directa a los servicios de internet de
los periodistas de órganos oficiales y de las
direcciones informativas del ICRT. La misiva sugiere
a los directores de medios de comunicación
que seleccionen adecuadamente un exclusivo personal
autorizado a acceder las páginas web y revisar
los materiales informativos.
Toda la comunicación de correos electrónicos
y acceso a servicios informativos depende ahora de
un enlace con el sitio oficial ENET.CU, lo que permite
un mayor control de la navegación de los usuarios
en cada medio de prensa.
Las autoridades han perfilado este año los
márgenes de la “intranet”, que
sólo permite el acceso a páginas de
publicaciones y entidades nacionales, o a aquellas
afines a la política gubernamental desde el
exterior.
Desde principios de este año, en numerosos
centros universitarios y entidades del gobierno, el
servicio MSN de HOTMAIL quedó inaccesible,
así como la página principal de este
sitio digital.
Al menos cuatro funcionarios y periodistas de las
provincias Camagüey, Las Tunas y Santiago de
Cuba han sido separados de sus puestos de trabajo
por uso indebido del correo electrónico y redistribución
de materiales indebidos.
Los responsables por conexiones ilegales al internet
en las viviendas, con el uso de claves de organismos
estatales, pueden recibir condenas de 5 a 10 años
de cárcel.
Sin embargo, a pesar de los obstáculos operativos,
una tendencia en ascenso es la proliferación
de las páginas independientes personalizadas,
los llamados blogs, que conviven en el espacio cibernético
con las de unos 50 periodistas oficialistas.
Los blogs independientes cubanos, en su mayoría
bajo seudónimos, producen sus materiales con
referencias desenfadadas y punzantes sobre la situación
cubana actual. Sus autores se conectan a la red pagando
tiempo en cibercafés o usando claves de acceso
compradas en el mercado negro, y sus páginas
se ubican en sitios extranjeros como Blogspot.com.
Las autoridades cubanas continúan su comportamiento
arbitrario a la hora de otorgar visas a periodistas
extranjeros que pretenden viajar al país. Un
reportero y un fotógrafo del diario hondureño
El Heraldo no recibieron el permiso cubano para cubrir
la visita del presidente Manuel Zelaya a La Habana.
Zelaya incluyó en la comitiva a un grupo de
periodistas, que viajaron en el avión presidencial.
Solo los representantes de El Heraldo iban a costearse
el viaje con recursos propios.
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