Cuba impone drásticas sentencias a disidentes
WILFREDO CANCIO ISLA

De espaldas al clamor del mundo democrático, el gobierno cubano impuso ayer severas condenas --ascendentes a unos 700 años en conjunto-- a decenas de disidentes enjuiciados en procesos sumarios durante la pasada semana.

Las sentencias fueron seguidas por un abrumador rechazo de la comunidad internacional, que impugnó los arrestos y juicios contra más de 70 opositores pacíficos y periodistas independientes.

Estados Unidos señaló los procesos como ''juicios farsescos'', mientras que la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) consideró como ''injustificadas'' y ''draconianas'' las penas dictadas.

De acuerdo con cifras de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), hasta anoche habían concluido los juicios contra 71 disidentes cubanos, 43 de los cuales ya recibieron sentencias que oscilan entre 27 y 12 años de prisión. No se había dictado aún ninguna de las 12 solicitudes de cadena perpetua que figuraron en las peticiones fiscales, escuchadas en 14 tribunales de La Habana y otras salas del interior del país.

''Son condenas altísimas, propias de estados de sitio o de guerra'', dijo anoche Elizardo Sánchez Santacruz, presidente de la CCDHRN. ``Son un error político, pues la contradicción principal en Cuba no es entre el gobierno y los disidentes, sino entre el modelo totalitario una sociedad deseosa de mayores espacios de libertad''.

Las condenas fueron anunciadas a los familiares en el Tribunal Provincial de La Habana bajo un fuerte despliegue policial, sin acceso a la prensa extranjera. Los medios oficiales cubanos no hicieron ninguna referencia sobre los veredictos judiciales.

Entre los más connotados opositores sentenciados ayer figuran Héctor Palacios, de la coalición Todos Unidos, a 25 años de cárcel; la economista Martha Beatriz Roque, líder de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil; y los periodistas Raúl Rivero, Ricardo González Alfonso y Oscar Espinosa Chepe, condenados a 20 años percápita.

Las más elevadas penas a prisión recayeron en el fotoreportero Omar Rodríguez Saludes, de La Habana, y el periodista y activista Víctor Rolando Arroyo, de Pinar del Río, condenados a 27 y 26 años, respectivamente.

En cambio, las reducciones más significativas en relación con las peticiones preliminares las recibieron Osvaldo Alfonso Valdés, de Todos Unidos, y Efrén Fernández Fernández, del Movimiento Cristiano Liberación. Alfonso fue condenado a 18 años y Fernández a 12; ambos se retractaron de sus conductas durante el juicio y dijeron sentirse manipulados por la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.

Los condenados podrán apelar la decisión judicial en las próximas 72 horas. Varias de las esposas de los disidentes dijeron que apelarán los casos.

''Es una arbitrariedad cometida contra un hombre que lo único que hizo fue escribir lo que piensa'', dijo Blanca Reyes, esposa de Rivero. ``El [Rivero] tiene 57 años y serios problemas de salud, así que esto es como una cadena perpetua''.

Gisela Delgado, esposa de Palacios y promotora de un llamamiento internacional para liberar a los disidentes arrestados, calificó los hechos como ``una total injusticia''.

Al cierre de esta edición era escasa la información sobre el juicio seguido contra el doctor Oscar Elías Biscet, presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos y principal promotor de la desobediencia civil en la isla. Junto a Biscet fueron enjuiciados ayer, a puertas cerradas, otros tres disidentes en el municipio habanero de Diez de Octubre.

Fuentes de la organización Acción Democrática Cubana, con sede en Miami, informaron que al menos otros dos agentes infiltrados se ''destaparon'' durante el juicio a Biscet: los presuntos opositores Marcel Valenzuela Salt, del grupo Hermandad Cívica, y su esposa, Jenny Cesar.

Valenzuela era un estrecho colaborador de Biscet. Figuró entre los activistas que le dieron la bienvenida en su casa el pasado 31 de octubre, luego que el líder opositor cumpliera una condena de tres años.

Hasta el momento la Seguridad del Estado ha empleado a 12 agentes encubiertos en estos procesos.

''Las acciones del régimen [cubano] son un terrible acto de intimidación contra aquellos que buscan la libertad y el cambio democrático en Cuba'', expresó Phil Reeker, vocero del Departamento de Estado, al conocerse las primeras sentencias.

Según Reeker, ``la comunidad internacional está unida en su condena al más atroz acto de represión política ocurrido en décadas, el cual aísla cada vez más a Cuba del resto de los países hemisféricos''.

''El gobierno de Fidel Castro está persiguiendo a periodistas por actuar como periodistas, a economistas por actuar como economistas, y a activistas pacíficos por buscar una solución a la creciente crisis económica y política en Cuba'', dijo el funcionario norteamericano.

En París, el Ministerio de Asuntos Exteriores manifestó su preocupación por los hechos represivos en Cuba y señaló que Francia ha conducido ya varias gestiones sobre el asunto ante las autoridades de La Habana.

''Francia sigue muy atentamente, a título nacional y en el marco europeo, el proceso de juicios sumarios seguido contra los disidentes cubanos'', apuntó Francois Rivasseau, portavoz de la cancillería francesa.

También la UNESCO dio a conocer una enérgica denuncia por las acciones del régimen castrista.

''Insto encarecidamente a las autoridades cubanas a respetar los derechos fundamentales de los periodistas y las otras personas detenidas por haber expresado sus ideas'', dijo en una declaración el director general de esa entidad, el japonés Koichiro Matsuura. ``Estos arrestos y juicios representan una violación de los derechos y los principios en cuya defensa fueron creadas las Naciones Unidas y la UNESCO''.

En España, miembros del gobernante Partido Popular (PP), presentarán próximamente mociones de condena a los ''procesamientos sumarísimos'' cubanos en distintas instancias legislativas de ese país. Las peticiones se harán efectivas tanto en el Congreso de los Diputados como en los parlamentos regionales y ayuntamientos.

El Parlamento Europeo votará este jueves una resolución de condena que pide la liberación de los disidentes procesados, al tiempo que el grupo socialista de esa cámara prepara otra propuesta tras el reciente viaje a la isla de los eurodiputados Emilio Menéndez del Valle (España) y Jannis Sakellariou (Alemania).